10 Abr Revelan crimenes de marinos y Guardia Nacional en GTO
La Plataforma por la Paz y la Justicia, representada por Raymundo Sandoval, ha denunciado la perpetración de crímenes en Guanajuato por parte de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR), que incluyen ejecuciones extrajudiciales y allanamientos.
Estos actos, que datan de los últimos seis años y fueron expuestos en un foro sobre la reforma a la Guardia Nacional en el Congreso de Guanajuato, han generado preocupación en la comunidad.
El primer caso mencionado fue el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, por un elemento de la Guardia Nacional en abril de 2022. Otro incidente involucra a Paula Rojas, miembro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, quien sufrió allanamiento y amenazas por parte de la Guardia Nacional.
Además, se mencionó el caso de Rosario Zavala Aguilar, también buscadora de desaparecidos, quien fue hostigada por la Guardia Nacional y asesinada en 2020. Asimismo, se hizo referencia a la detención y golpiza sufrida por un grupo de personas, entre ellas Sergio Banda Delgado, a manos de agentes de la Secretaría de Marina en 2018.
El quinto caso reciente involucra a Juan Armando Carrillo Juárez, integrante de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, quien fue detenido y posteriormente encontrado muerto tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La falta de transparencia en las investigaciones y la preocupación por la impunidad en estos casos son temas que han sido resaltados, haciendo hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva y el respeto a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado investigaciones sobre estos incidentes, aunque aún no se conocen los resultados ni las acciones administrativas tomadas como consecuencia.
El impacto de estos crímenes en la confianza pública hacia las fuerzas de seguridad del país es un tema de preocupación, y se espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas y sus familias.
Con información de AM.