08 Nov Quiere gobierno de AMLO ‘maquillar’ cifra de desapariciones en México
“La intención es una, está dirigida a ciertas entidades en particular y sí hay un riesgo… No tendríamos que estar preocupados por si hay una persona más o menos, sino por que hay personas desaparecidas y una crisis de desaparición en México”, señaló.
Unos días después, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –que más tarde dejó el cargo para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum–, confirmó que el censo de personas desaparecidas estaba a cargo de Bienestar conforme a un convenio de colaboración suscrito con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Durante su participación en un seminario del Colegio de México, en el cual ocupa un cargo como investigadora visitante desde el 1 de octubre, Quintana explicó que el desacuerdo central giró en torno a quién está a cargo del análisis y los cruces de datos. “El problema, en términos de forma, es que no se está llevando a cabo por autoridades especializadas”, destacó.
“La búsqueda es un asunto de Estado. Nadie está en contra de que se actualice el registro”, puntualizó. Sin embargo, además de que la forma no es la adecuada, por ser revictimizante y carecer de especialización, y la única finalidad es reducir registros de personas desaparecidas en un periodo particular, el llamado censo solo está dirigido a las 23 gubernaturas del partido en el poder”, dijo.
Tras 4 años y medio de gestión, Quintana recordó que el reconocimiento, por primera vez, de una crisis de personas desaparecidas por parte del Gobierno de México llevó a la construcción, en colaboración con las familias, instancias internacionales y otras instituciones, de todas las comisiones de búsqueda estatales, centros de identificación humana, el RNPDNO, registros internos de fosas y otros que antes no existían.
Explicó que cuando ella llegó a la titularidad de la CNB, existía un registro de entre 30 y 40 mil personas desaparecidas, por lo que la primera tarea fue analizar y construir internamente un ecosistema para crear el RNPDNO.
Karla Quintana aclaró que no se trata de una sola lista o Excel, sino de una red que permite la comunicación de las autoridades encargadas de alimentarlo, que son al menos 66: 33 comisiones, 33 fiscalías más otras autoridades y particulares. Sin embargo, más del 90% corresponde a las primeras.
Por otro lado, subrayó que hasta su renuncia, presentada el 23 de agosto, había una trazabilidad para la baja de registros, es decir, solo podía ser llevado a cabo por autoridades buscadoras, mediante firma electrónica y conforme a la ley, por lo que alertó la importancia de revisar si tras el protagonismo de Bienestar en el llamado censo, se dará una instrucción diferente al respecto.
A ello añadió que el cruce de bases de datos, de diversos registros, es una herramienta de búsqueda prevista en la Ley General, sin embargo genera coincidencias que solo son posibles indicios. A partir de ahí, se tiene que analizar de manera detallada y meticulosa si el hallazgo sucedió con posterioridad, si efectivamente se trata de la misma persona y cuando se piensa que así es, comunicarlo a las autoridades que reportaron.