Esta cifra mínima no solo implica que los miembros de la delincuencia organizada y los perpetradores de delitos federales de alto impacto no sean puestos a disposición de la justicia y no se inicien procesos judiciales contra ellos, sino que también aumenta la carga y el peligro para las fuerzas policiales locales, que terminan compensando la falta de resultados, según explicó el diputado local Rolando Alcantar.

“El reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra claramente que, en Guanajuato, los efectivos federales apenas logran detener a 1.7 personas al día, lo cual es insignificante. Incluso un municipio pequeño como Atarjea debería estar realizando en promedio cinco detenciones diarias, mientras que un municipio como León, con solo 5 mil elementos de seguridad pública, ha logrado hasta 2 mil detenciones en un solo día”, señaló el diputado.

Esta situación se debe, en parte, a que casi seis años después de la creación de la Guardia Nacional, aún no existen médicos legistas ni jueces cívicos, o sus equivalentes, que puedan validar como ‘legales’ las detenciones que lleva a cabo, garantizando así su conformidad con los principios de legalidad.

El diputado explicó que para evitar que estas detenciones sean consideradas ilegales y, por lo tanto, se invaliden, es necesario completar el desarrollo de la estructura constitucional, jurídica y de competencias de la Guardia Nacional.

“No tienen un lugar adecuado para descansar; viven en condiciones precarias, en carpas o almacenes. Cuando realizan una detención, no hay médicos legistas disponibles para validarla como lo exige la Constitución. Tampoco hay jueces cívicos ni árbitros calificadores para garantizar su legalidad. Por lo tanto, su labor queda totalmente desacreditada”, agregó el diputado.

Por este motivo, en la sesión plenaria del 14 de marzo, los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato votaron a favor de un dictamen sobre una minuta de proyecto de decreto que interpreta el alcance del artículo tercero, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. Esto permitirá garantizar los derechos, beneficios, adscripción y otras condiciones que dignifiquen al personal de la Guardia Nacional después de cinco años de su creación.