03 Dic 2 años deslegitimándose y militarizando
Por Juan Miguel Alcántara Soria
El Presidente López Obrador cumplió este 1º de diciembre dos años de protestar “Guardar y hacer guardar la Constitución Política” del país. En los hechos cogobernó (el PRI-MOR) desde el día siguiente de la elección. Es obligado contrastar sus compromisos y resultados del primer tercio. Su legitimidad de origen (procedimental, adjetiva) es indiscutible, por respaldo que le dio una parte mayor del electorado (no así a sus diputados, que se dieron una mayoría absoluta en esa cámara, no obtenida en urnas). Procede calificar si ha adquirido, o no, legitimidad en el ejercicio del poder, sustantiva, por promover, respetar, satisfacer los derechos humanos fundamentales a la vida, a la seguridad, la salud, la educación, al trabajo, o al medioambiente, que es en lo que consiste el bien común nacional.
Si del derecho a la vida y a la salud hablamos, nunca habían fallecido tantas personas como ahora: El Covid es ya la principal causa de enfermedad y muerte del país; la mayoría evitables: más de 1 millón 113 mil contagios, y 106 mil fallecidos reconocidos -expertos aseguran son más de 230 mil-. El lunes el Director de la Organización Mundial de la Salud lo amonestó. Ha incumplido promesa de subir el 0.2% del PIB el presupuesto de salud, anual; alta mortalidad en hospitales públicos por Covid. Desabasto de medicinas. Del derecho a la seguridad: la contención por Covid a delincuentes se terminó en septiembre; y en octubre regresan a la calle, y violencias y delincuencias repuntan un 2%. Su gobierno reconoce que incidencia de delitos de delincuencia organizada aumentó 49.5% ese mes, respecto al mismo mes de 2019. De homicidios dolosos, a octubre van 29,182, (28,856 en 2019): el doble que con Calderón. Este año a octubre, 3185 mujeres han sido asesinadas, y 801 por feminicidio (en 2019 fueron 789). Y van 916 policías y 39 reporteros.
Del derecho a la educación: eliminó reforma, y recursos a escuelas de tiempo completo. Del derecho al trabajo, perdimos 1 millón de empleos formales, y cerca de 10 millones informales. Y no hay programa de recuperación del empleo. Daños al medio ambiente, por regresar al uso de energías fósiles y por su tren en selvas del sureste, serán catastróficos. Ni qué decir de constante ataques al derecho a la verdad, con sus innumerables mentiras “mañaneras”, incluyendo la de “sesionar” su “gabinete de seguridad”, que no existe, como tampoco en la mayoría de estados.
El Art. 129 constitucional exige: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” En campaña prometió regresarlos a cuarteles. Hoy les ha encomendado otras 15 tareas INCONSTITUCIONALES, por encima de secretarías de Estado -de carácter civil-: aeropuerto de Santa Lucía, dos tramos del Tren maya, Parque de Texcoco, control de puertos y aduanas; combate al huachicol; construcción de 2700 sucursales al Banco del Bienestar, remodelación de 32 hospitales, atención a pacientes con Covid; vigilancia de fronteras para frenar migración, construcción de Guardia Nacional y sus cuarteles; programas Sembrando Vida, y Jóvenes Construyendo el Futuro; distribución de libros y fertilizantes; entrega de recursos de programas sociales. Todo con lógica militar. Este amor perverso se materializa en presupuesto militar, señal de militarismo: para aeropuerto 280% más ($21 mil millones); a Tren maya 43 % más ($36 mil millones); a Guardia Nacional 18% más ($ 35 mil millones). Pero para su Modelo Nacional de policía de proximidad, incumplirá compromiso de recursos, y tampoco habrá para policías locales. Militarización conduce a militarismo, por creciente influencia política del aparato militar en la conducción del Estado mexicano, que arriesga nuestra débil democracia. El presidente no guarda ni hace guardar la Constitución: no respeta derechos humanos, replica corrupción (también familiares y amigos); arriesga democracia, genera mal común.
“Mentir, robar, traicionar”, los conjuga con descaro, en primera persona del singular y del plural. ¡Es ilegítimo en el ejercicio del poder!