Ilustración: Omar Bobadilla

Otorga 4T el 77.2% de los contratos por adjudicación directa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su Administración no solaparía las adjudicaciones directas, pero la base de datos de Compranet revela que el 77.2 por ciento de los 84 mil 372 procedimientos han sido entregados por vía de adjudicación directa, esto al cierre de julio del 2020.

Las dependencias que no conocen la competencia son la Secretaría de Bienestar, que ha dado en adjudicación directa el 91 por ciento de sus contratos de 2020, así como la Secretaría de Cultura en la que el porcentaje llega al 99 ciento.

Llama la atención el caso de la Secretaría de la Función Pública, porque los contratos dados directamente representan 97 por ciento, pero también corresponden a un alto ejercicio presupuestal, ya que sus adjudicaciones directas equivalen al 86 por ciento del total de contrataciones del año en curso.

En general, cuando se observan los montos, esta proporción cambia, pues de los 290 mil 591 millones de pesos que representan todos los contratos, 137 mil 585 millones han sido dados en licitación pública (47.4% del total).

Mientras que por adjudicación directa se han entregado 98 mil 839 millones de pesos (34.2%). Esto significa que los contratos por licitación pública, al ser menos en cantidad, son procedimientos que reparten montos más grandes.

En promedio, los contratos por licitación pública son por 12.7 millones de pesos. En contraste, el importe promedio de cada contrato por adjudicación directa es de 1.5 millones, pero, al tratarse de una cantidad total de contratos seis veces superior a la de las licitaciones públicas, se revela una de las áreas de riesgo más importantes de las adjudicaciones directas: miles de «pequeños» procedimientos escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática.

En las adjudicaciones directas es donde se esconden múltiples escándalos de corrupción, tanto de la Administración anterior, como de la actual: ahí han aparecido compañías propiedad de la clase política actual y pasada, hijos de funcionarios, amigos de políticos y empresas fantasmas.

Por mencionar un episodio reciente, una investigación periodística exhibió que en 2019 un grupo de 171 empresas fueron creadas y, tan sólo unos días después de su conformación, ya habían recibido 561 contratos con dependencias del Gobierno por 366 millones de pesos. La clave: siete de cada diez de esos contratos fueron entregados por adjudicación directa.   

Al analizar el comportamiento mensual de las adjudicaciones directas, puede notarse de inmediato que no hay grandes cambios a lo largo del año pues, salvo en enero, todos los meses el porcentaje oscila entre 76 por ciento y 81 por ciento sin diferencias significativas.

Esto podría parecer extraño si se considera que la atención de la crisis del coronavirus abrió una puerta para que diversas dependencias contrataran con carácter de urgente sin tener que pasar por un proceso de licitación pública (lo cual en efecto sucedió).

Pero, las adjudicaciones directas se utilizan incluso más en las instituciones que no están relacionadas con la atención del coronavirus (en donde llegan a casi 82 por ciento del total de contratos). Esto revela que el uso mayoritario de las adjudicaciones directas es tan constante que, incluso una pandemia, no logra tener injerencia en una conducta típica de toda la Administración pública.

El año 2019, el Gobierno llevó las adjudicaciones directas a su punto más alto de toda la década, con 78.1 por ciento. Pero ese resultado, junto con el que se observa durante los primeros siete meses de 2020, es bastante similar al porcentaje de la Administración de Enrique Peña Nieto, que entregó, en promedio, el 71 por ciento de sus contratos por la vía de la adjudicación directa.

La observación individual de 2020 sólo es «ligeramente mejor» que la de 2017, cuando se llegó al máximo de ese sexenio, con 77.8 por ciento de contratos por adjudicación directa.

Vía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Ilustración: Omar Bobadilla