Al menos 18 superdelegados estatales enfrentan denuncias por corrupción

Al menos 18 de los 32 superdelegados que nombró el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de sus sexenio para gestionar los programas sociales federales en los estados, tienen investigaciones abiertas por la Secretaria de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad,  y en el caso del de San Luis Potosí, indagatorias por abuso sexual.

Según la investigación realizada por el portal nacional Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020 en contra de los delegados de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval; Estado de México, Delfina Gómez; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera; CDMX, María Cristina Cruz, y Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

También Roberto Pantoja, de Michoacán; Katia Meave, de Campeche; José Antonio Aguilar Castillejos, de Chiapas; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Gabino Morales, de San Luis Potosí, y Aldo Ruiz, de Aguascalientes.

Quien acumula la mayor cantidad de indagatorias abiertas en su contra, con ocho en total, es el superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, a quien se le acusa de cometer actos de proselitismo político en comunidades de Tamazunchale. Además, es acusado de despidos injustificados y hasta de realizar una fiesta de cumpleaños con valor de dos millones de pesos, en pasado abril.

Pero sin duda, la acusación más grave contra el funcionario federal potosino es la denuncia por abuso sexual y acoso laboral cuando era dirigente estatal de Morena; también se le señala de agresiones sexuales en contra de mujeres que trabajan como Servidoras de la Nación.

En varios de estos casos, refiere el portal Animal Político, no sólo hicieron proselitismo a favor del presidente López Obrador, sino de ellos mismos, con la intensión de posicionarse como virtuales candidatos a diversos puestos en sus estados, algo que desde la creación de la figura, al comienzo del sexenio, gobernadores de oposición ya lo habían advertido.

Por ejemplo, la delegada de Colima, Índira Vizcaíno, renunció al cargo el 31 de octubre con la intención de ser candidata a gobernadora en medio de las acusaciones y una denuncia presentada por la diputada federal morenista Claudia Yáñez Centeno, por hacer un uso discrecional de los recursos de programas sociales para hacer campaña.

Mismo caso con el sinaloense José Jaime Montes Salas, a quién se le acusa de actos proselitistas durante la entrega del programa de pensión para adultos mayores “68 y Más”, en compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Además de la delegada de Colima, otros dos de sus homólogos buscarán la gubernatura de sus estados: Juan Carlos Loera de la Rosa, de Chihuahua y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.