30 Ago Acusan a ex Secretaria General de la Policía Federal de desviar 65 mdd
Ciudad de México.- La ex Secretaria General de la Policía Federal (PF), identificada como Frida Martínez Zamora, presuntamente desvió 65.1 millones de dólares que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del Gobierno de Israel. La funcionaria está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol.
El contrato fue firmado en 2015 por 133.9 millones de dólares con la paraestatal Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel.
El servicio contratado fue para el “análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, que a la fecha no es utilizado por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo acordado.
Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite que permiten obtener y analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo de reconocimiento táctico instalado en un avión que se coordina con vehículos especiales en tierra.
Martínez está prófuga de la justicia por el presunto desvío de más de mil 760 millones de pesos, pero en particular los desvíos de este contrato fueron confirmados y notificados mediante edicto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en un citatorio publicado el pasado 16 de agosto.
En 2016 y 2017, la PF pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares.
Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas a la contratista, por 65.1 millones de dólares, aunque el dinero ya estaba autorizado desde el 15 de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, pagado por RADS.
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que el contrato con la paraestatal RADS fue un desastre, pues no hubo un análisis previo de las necesidades de la PF, con lo que su viabilidad no fue confirmada.
Además, identificó siete facturas, por 30.7 millones de dólares, que son por bienes y servicios que incumplen los términos del contrato, por lo que calculó un daño al erario de al menos 807 millones.
Los 65.1 millones de dólares mencionados por la SFP, equivalentes en 2016 a unos 975 millones de pesos, serían parte de los mil 764 millones de pesos de la partida Gastos de Seguridad Publica y Nacional, que Martínez recibió en cheques a su nombre entre 2014 y 2017, para luego desviarlos endosando los documentos a subordinados.
Esas operaciones fueron ejecutadas por una red de 19 ex funcionarios imputados por el desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la PF en el sexenio pasado.
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